Los empresarios que piensan construir sus plantas industriales en las zonas rurales que rodean a la capital del paí­s deben cambiar de planes.

Una nueva norma del Ministerio de Ambiente prohibe otorgar más licencias de construcción o parcelación a proyectos de ese tipo en los municipios de la Sabana de Bogotá.

"El suelo rural tiene una vocación muy clara, que está definida por ley. Las tierras para sembrar no se pueden urbanizar, pues se puede llegar a afectar la seguridad alimentaria de la capital y de los municipios aledaños", advirtió el ministro Juan Lozano.

Según él, la Sabana tiene reservadas 18.000 hectáreas para usos industriales en suelos suburbanos (Bogotá ocupa 32.000), lo que hace innecesario que se afecte el campo con este tipo de iniciativas.

Como era de esperarse, los industriales no encajaron bien la noticia.

"Después de meses de espera por el segundo decreto de zonas francas, la norma del Minambiente frena cuantiosas inversiones de 25 exportadores y les impide aprovechar las bondades de una zona franca en Tocancipá, preparada durante mucho tiempo", lamentó Jaime Concha, vocero de la Andi, quien agregó que al Ministerio le faltó concertar con ellos sobre "temas tan sensibles".

El lí­der gremial argumentó que las exigencias ambientales que les hacen a las industrias en suelos suburbanos las hacen inviables.

Como ejemplo citó que las obras deben hacerse en un terreno de mí­nimo 10 hectáreas y solo se puede construir hasta el 50 por ciento del lote, incluidas las ví­as. El resto debe dedicarse a la conservación o recuperación de las plantas nativas.

Todo eso se suma, según él, a los altos costos de la tierra. Al respecto, Gloria Bonilla de Almanza, presidenta de la Cámara de la Propiedad Raí­z, anota que el valor del metro cuadrado en los sectores donde el Plan de Ordenamiento Territorial autoriza el uso industrial puede superar los 50.000 pesos.

Eso quiere decir que el lote para levantar el complejo más pequeño permitido no bajarí­a de los 5.000 millones. "No nos oponemos a la conservación de la frontera agrí­cola ni a cumplir los requisitos, pero es vital tener un equilibrio entre la producción y la conservación, para que no se limite la expansión de la industria y las exportaciones", opinó Fabio Rojas, presidente de Dermocell, empresa que resultó afectada por la norma.

"La norma frena las inversiones de 25 exportadores y les impide aprovechar las bondades de una zona franca en Tocancipá, esperada durante mucho tiempo". Jaime Concha, vocero de la Asociación Nacional de Industriales.